Carlos Araos Uribe – Dr. en Ciencias de la Información
El documento Estrategia de Desarrollo para la Educación Superior en Chile (2026-2038), recientemente dado a conocer por parte del Consejo Asesor de la Estrategia de Desarrollo para la Educación Superior, se nos presenta formalmente como una hoja de ruta de largo plazo lo que, sin duda, responde a una acción no solo necesaria, sino urgente en un contexto, donde el desarrollo educacional requiere de una mirada prospectiva. Sin embargo, al examinar sus cimientos, se nos revela que no estamos ante una estrategia de futuro genuina, sino ante un plan de ordenamiento administrativo que, aunque, si bien sistematiza con competencia las ya tradicionales deudas del siglo XX (articulación, financiamiento y regulación), carece, desde mi punto de vista, de la visión necesaria para afrontar la ruptura cultural que impone el siglo XXI.
El primer déficit estructural es la ausencia de un pensamiento estratégico base. El documento no define un modelo de desarrollo endógeno, sino que importa -en forma evidente y acrítica- los estándares de la gobernanza global. No seamos ingenuos, la colaboración explícita del PNUD en la elaboración del texto no es circunstancial, es de hecho la matriz conceptual, adoptándose a la definición de «Desarrollo Humano» de forma casi textual a los manuales del PNUD, entendiéndolo, como la ampliación de opciones y capacidades alineadas con los conceptos de «inclusión» y «sostenibilidad» que, observados exclusivamente desde un punto de vista ético, son más que razonables. No obstante, esto convierte a esta estrategia en un ejercicio de catch-up institucional. Es decir, el objetivo real parece ser homologar a Chile con los indicadores de «buena gobernanza» de la OCDE, sin cuestionar si esos indicadores seguirán vigentes en la próxima década.
Valga puntualizar, que esta visión contrasta radicalmente con enfoques de mayor amplitud (o creatividad, si se quiere) como, por ejemplo el de Mariana Mazzucato del Instituto para la Innovación y Propósito Público de la University College London, donde argumenta -por medio de su conocido concepto de “Estado Emprendedor”- que, ante grandes desafíos, el Estado no debe limitarse a «facilitar» o «coordinar» (verbos que, por lo demás, saturan la estrategia chilena presentada), sino que debe dialogar y consensuar misiones institucionales que direccionen la innovación y asuman riesgos. O sea, mientras Chile propone crear un «Consejo Asesor» para monitorear el sistema, en otras latitudes analizan la calidad de las IES según su capacidad de reorientar su investigación hacia problemas concretos, y no solo a «vincularse» burocráticamente con el medio.
No obstante lo dicho, la crítica más aguda que reside en el anacronismo del documento es que se proyecta una estrategia hasta el 2038, que ignora que la Inteligencia Artificial General (AGI) -aunque todavía hipotética- podría redefinir la cognición humana antes de 2030, lo que constituye un error de cálculo de nivel existencial. Es más, el texto reduce la tecnología a una herramienta didáctica para «anticipar cambios en los procesos de aprendizaje» o a un tema de política pública externa, sin comprenderla como un nuevo entorno ontológico extremadamente impactante, sobre todo, en el mundo del trabajo.
Un ejemplo muy visible de esto, se da en la Línea de Acción 3.1.2, que propone fortalecer la «institucionalidad de prospección laboral» para alinear la oferta formativa con la demanda, presuponiendo que el mercado laboral de la próxima década es predecible mediante proyecciones lineales. Esto ignora (o peor aún, no considera) que la IA generativa vuelve obsoletas las habilidades técnicas en meses, haciendo inútil cualquier intento de planificación centralizada de la oferta académica a largo plazo.
Al respecto y, frente a este tipo obsolescencia técnica, instituciones de como la Northeastern University (bajo la visión de Joseph Aoun en Robot-Proof) han abandonado la simple «prospección» en favor de la resiliencia cognitiva. Aoun propone, por ejemplo, el modelo de «Humanics«, que integra la alfabetización de datos con la «alfabetización humana» (creatividad, ética, empatía), enseñando precisamente aquello que la IA no puede replicar. La estrategia chilena propuesta, en cambio, insiste en «competencias laborales» estandarizadas por el sector productivo actual, preparando técnicos eficientes para puestos que probablemente serán automatizados.
Por otra parte, el documento confunde gestión con estrategia. Una estrategia real implica renuncias dolorosas (¿Qué dejar de hacer?), mientras que este texto opera por acumulación. O sea, agrega nuevas capas administrativas sin eliminar las viejas. La solución recurrente a los problemas diagnosticados es crear más burocracia como, por ejemplo, que, para la falta de dirección, debe haber un nuevo «Consejo para el Desarrollo Estratégico» o, para la desarticulación, fortalecer el SINACES.
No obstante, en medio de todo lo expresado, existe un acierto estratégico oculto en la Línea de Acción 4.5.2. Allí se propone «desacoplar los mecanismos de financiamiento institucional de la forma de ranking» y basarlos en el cumplimiento de misiones. Ésta, es la única medida verdaderamente estructural del documento, pues si el financiamiento deja de premiar la isomorfía (todas las universidades intentando ser Harvard para captar recursos) y comienza a financiar misiones diferenciadas, el comportamiento del sistema cambiaría radicalmente. Lamentablemente, esta idea revolucionaria aparece diluida al final del documento, sin la centralidad política que merece.
De este modo, mientras Chile intenta coordinar su oferta mediante marcos regulatorios y consejos, Singapur, con su iniciativa SkillsFuture, ha optado por empoderar directamente a la demanda. El Estado deposita créditos en cuentas individuales de aprendizaje de los ciudadanos, quienes pueden gastarlos en cursos de cualquier proveedor certificado (universitario o no), rompiendo el monopolio de las instituciones tradicionales. En síntesis, la estrategia chilena sigue siendo conservadora e institucionalista: se centra en financiar a la oferta (las IES) y en perfeccionar «trayectorias» rígidas, ignorando la agilidad de las micro-credenciales y la financiación directa al usuario.
En fin, la Estrategia 2026-2038 es un documento necesario (al menos como idea), pero insuficiente para construir el futuro. Si se implementa tal cual, Chile tendrá en 2038 un sistema educacional, con suerte más ordenado, pero para los estándares de 2015. Al ignorar la disrupción de la IA y apostar por la planificación burocrática por sobre la innovación dirigida por misiones, el país corre el riesgo de optimizar un modelo educativo obsoleto, formando eficiente y ordenadamente a profesionales para un mundo que ya no existirá.
